Candidata del PRI en el Estado de México envuelta en polémica por presuntos desvíos millonarios

La candidata del PRI en el Estado de México, Alejandra Del Moral, se encuentra en medio de un escándalo que ha sacudido su campaña electoral. En el último día de la contienda, Del Moral canceló sorpresivamente su agenda, generando especulaciones sobre su posible implicación en presuntos desvíos de fondos por una cuantiosa suma de 5 mil millones de pesos. Los diarios The Guardian y El País revelaron una investigación que señala contratos sospechosos otorgados a empresas fantasmas durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social.

Sebastián Ramírez Mendoza, líder de Morena en Ciudad de México, ha exigido a Sin Moral que dé explicaciones contundentes sobre estos presuntos desvíos millonarios y que asuma las responsabilidades correspondientes. De acuerdo con la investigación realizada por la periodista mexicana María Teresa Montaño Delgado, durante el periodo en que Del Moral y Eric Sevilla Montes de Oca estuvieron al frente de la dependencia, se habrían autorizado al menos nueve contratos con empresas ficticias, implicando un posible desvío de fondos que superaría los 5 mil millones de pesos.

El escándalo ha generado un fuerte rechazo por parte de la ciudadanía, que exige transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. La situación es aún más alarmante considerando que el Estado de México enfrenta importantes retos en términos de pobreza y desarrollo social. Los votantes esperan respuestas claras y creíbles por parte de Sin Moral, quien debe aclarar su participación en estos hechos y demostrar un compromiso genuino con la honestidad y la ética en la función pública.

En un contexto político cada vez más marcado por la exigencia de rendición de cuentas, la candidata del PRI se enfrenta a un desafío importante para restaurar la confianza de los electores. La manera en que Del Moral maneje esta crisis y asuma la responsabilidad por los presuntos desvíos millonarios determinará su imagen y la percepción que la ciudadanía tenga sobre su idoneidad para ocupar un cargo público de relevancia.